El presidente Rodrigo Paz Pereira presentó un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que busca transformar el modelo de financiamiento y desarrollo deportivo en Bolivia, incorporando incentivos tributarios, mayor formalización y reglas claras para la inversión privada.
La propuesta surge en un contexto donde federaciones, clubes y atletas han reclamado durante años mejores condiciones estructurales, seguridad jurídica y apoyo económico sostenido.
¿Qué propone la Ley de Incentivo al Deporte?
El anteproyecto apunta a convertir el deporte en una política pública con respaldo económico sostenible. Entre los principales puntos destacan:
1️⃣ Incentivos tributarios para empresas y clubes
La propuesta contempla beneficios fiscales para empresas que inviertan en deporte boliviano, así como facilidades impositivas para instituciones deportivas legalmente constituidas.
El objetivo es estimular el patrocinio privado y reducir la dependencia exclusiva de recursos estatales.
2️⃣ Registro y formalización del sistema deportivo
Se plantea fortalecer un registro nacional que ordene la actividad deportiva, mejore la transparencia y permita acceder a los beneficios establecidos por la ley.
3️⃣ Seguridad jurídica para deportistas
El proyecto también busca reconocer formalmente la actividad profesional del deportista, regulando aspectos contractuales y derechos vinculados a su desempeño.
4️⃣ Impulso a eventos internacionales
Otro eje central es posicionar a Bolivia como sede de competencias internacionales, con impacto en turismo deportivo y generación de ingresos.
Lo que viene
El anteproyecto deberá ser debatido en comisiones y posteriormente en el pleno legislativo. En esa etapa podrían introducirse modificaciones según observaciones de federaciones, comités olímpicos y actores del sistema deportivo.
De aprobarse, podría significar uno de los cambios más importantes en la política deportiva boliviana de los últimos años.
¿Cómo impactaría esta ley al deporte boliviano?
De aprobarse, la Ley de Incentivo al Deporte podría:
- Incrementar la inversión privada en clubes y federaciones.
- Mejorar las condiciones contractuales de los deportistas.
- Fortalecer la infraestructura deportiva.
- Generar mayor transparencia en la administración de recursos.
Sin embargo, especialistas advierten que el debate deberá centrarse en los mecanismos de control y fiscalización para evitar vacíos normativos.
